Lo que pasó el 15 de septiembre
El 15 de septiembre, una cuadrilla de operarios levantó acta en la calle Camino de la Carbayera: habían terminado el despliegue en el tramo este, pero dejaron sin conectar el ramal que sube hacia Les Caseríes. La empresa adjudicataria, según el escrito que firmó el jefe de obra, no había recibido autorización para cruzar la finca de la familia Menéndez. Ese trámite lleva cuatro meses parado en la Consejería de Medio Rural.
Los afectados son 47 viviendas. La mayoría son casas unifamiliares habitadas todo el año, aunque once de ellas solo se ocupan en verano. Las que tienen ADSL contratado a 10 megas no pueden teletrabajar con normalidad, y dos familias han renunciado a instalar paneles solares conectados a red porque el contador inteligente necesita una línea fija que no existe.
La misma reclamación desde 2019
Cada septiembre ocurre algo parecido. En 2019 fue la zanja abierta en la Calzada de la Iglesia que estuvo tres semanas sin cerrar. En 2021, el repetidor de telefonía móvil de la zona de La Olla dejó sin cobertura a 80 abonados durante once días. En 2023, el ayuntamiento anunció un plan de conectividad rural con 180.000 euros de presupuesto que nunca se ejecutó.
Carmen Torres, que lleva la recepción en nuestra oficina de Ronda de Colón 159, recuerda las llamadas de aquellos veranos. “Entraban clientes preguntando si podíamos dejarles usar el teléfono fijo porque se les había caído la línea”, explica. “Nosotros no somos operador ni instalamos nada; solo podemos anotar la incidencia y derivarla.”
Quién responde y quién no
La Consejería de Transición Digital mantiene abierta una oficina de atención al ciudadano en la calle Los Moros, número 12. Allí se pueden presentar reclamaciones por escrito. El plazo de respuesta legal es de tres meses, pero en la práctica muchas se contestan fuera de plazo o no se contestan.
El Ayuntamiento de Gijón, por su parte, solo actúa si la obra afecta a suelo municipal. El cruce de la finca privada queda fuera de su competencia. Esa es la razón por la que el expediente duerme desde mayo.
Lo que cambia para quien vive allí
Lucía Jiménez, vecina de Les Caseríes, tiene dos hijos en edad escolar. Desde que empezó el curso, el mayor baja a la biblioteca de La Arena para hacer los deberes que requieren internet. Son veinte minutos en coche, ida y vuelta, tres veces por semana.
María Ramos, que regenta una panadería en la avenida de la Constitución, ha perdido dos pedidos de reparto porque el datáfono no sincroniza con el servidor central. “Cada vez que falla la línea pierdo entre 40 y 60 euros de facturación en una mañana”, calcula. No hay previsión de cuándo se resolverá.
Mientras tanto, en el resto de Gijón
En el centro urbano la situación es distinta. Más del 92% de los hogares de El Llano, La Calzada y el barrio de Pumarín disponen de fibra contratada a 600 megas o más, según los datos publicados por el propio operador dominante en agosto. La brecha se concentra en las parroquias del este y del sur.
Rocío Hernández, responsable de almacén en nuestra sede, resume la paradoja: “Aquí imprimimos y gestionamos documentación para gente que no puede hacer la gestión por internet desde su casa”. El problema vuelve cada otoño. Nadie ha puesto fecha a la solución.